Escribe: Annyela Rosario Barraza Macchiavello.
Un año después del “Baguazo”, en el que perdieron la vida 34 peruanos, no hay nada que celebrar y sí mucho que lamentar. No solo no hay un solo responsable sancionado por la ley, sino que los procesos judiciales marchan a paso de tortuga.
Para el gobierno de Alan García, sin embargo esta no parece ser una fecha para la reflexión. Mediante Resolución Suprema Nº 015-2010, el Gobierno peruano estableció que este 5 de junio se celebrará el “Día del ron peruano”. Desatino y muestra de desprecio que no merece mayores comentarios. Hasta las empresas productoras de ron han tenido más tino y han postergado la “celebración” en solidaridad con las víctimas de los enfrentamientos.
A un año del llamado “Baguazo”, es innegable que los pueblos indígenas han ganado un espacio político que antes no tenían, han irrumpido en la vida de una república que los ha excluido sistemáticamente. El mejor ejemplo de ello es la aprobación de la Ley de la Consulta Previa, que obliga al Estado a consultar con las comunidades nativas sobre cualquier medida que pueda afectarles directamente.
Aún está pendiente lograr que, efectivamente, los acontecimientos de Bagua signifiquen un antes y un después en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Para ello será necesario forjar políticas realmente interculturales que sirvan para que la acción del Estado sea resultado de un diálogo entre pueblos y no de la imposición etnocéntrica de valores y formas de ver la economía y los recursos naturales.
Para el gobierno de Alan García, sin embargo esta no parece ser una fecha para la reflexión. Mediante Resolución Suprema Nº 015-2010, el Gobierno peruano estableció que este 5 de junio se celebrará el “Día del ron peruano”. Desatino y muestra de desprecio que no merece mayores comentarios. Hasta las empresas productoras de ron han tenido más tino y han postergado la “celebración” en solidaridad con las víctimas de los enfrentamientos.
A un año del llamado “Baguazo”, es innegable que los pueblos indígenas han ganado un espacio político que antes no tenían, han irrumpido en la vida de una república que los ha excluido sistemáticamente. El mejor ejemplo de ello es la aprobación de la Ley de la Consulta Previa, que obliga al Estado a consultar con las comunidades nativas sobre cualquier medida que pueda afectarles directamente.
Aún está pendiente lograr que, efectivamente, los acontecimientos de Bagua signifiquen un antes y un después en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Para ello será necesario forjar políticas realmente interculturales que sirvan para que la acción del Estado sea resultado de un diálogo entre pueblos y no de la imposición etnocéntrica de valores y formas de ver la economía y los recursos naturales.
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